Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La pandemia del covid-19, en sus inicios, provocó el desafío de sobrellevar la incertidumbre sobre sus efectos y duración. En este contexto, Paraguay se caracterizó por un rápido plan de contingencia financiera que a la larga mostró dar buenos resultados para contener los impactos y preparar el camino para la reactivación.
El 23 de marzo de este año se presentó oficialmente el proyecto de ley con las medidas para enfrentar las posibles consecuencias de la expansión del virus respiratorio. La principal, dotar de recursos al sistema de salud para lo que hubiere lugar.
La Ley de Emergencia, reglamentada el día 31 del mismo mes, estableció una línea de crédito por un total de US$ 1.600 millones en total. La misma fue financiada principalmente por créditos de organismos internacionales, ya en tratamiento en el Congreso, por alrededor de US$ 600 millones y la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional, por US$ 1.000 millones; seguido de otras medidas de reasignación presupuestaria.
Distribución de los fondos
Los fondos de este crédito de contingencia cuentan con sus destinos escritos en la Ley. Para el sistema sanitario, se reservaron US$ 514 millones; para la protección social de trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad se reservaron unos US$ 400 millones (US$ 300 para la protección de trabajadores informales y otros programas de protección y US$ para el Instituto de Previsión Social, encargado del pago a trabajadores formales suspendidos).
Igualmente, se mantuvieron montos para asegurar la prórroga por tres meses en el pago de los servicios básicos (agua y electricidad) para sectores vulnerables, medida que fue extendida luego para incluir hasta el consumo de agosto en la exoneración.
Así mismo, fueron incluidos cerca de US$ 20 millones para la Essap y la construcción de pozos para asegurar la provisión de agua, que durante el mes de marzo se vio afectada en distintos barrios de la capital.
También se contempló el funcionamiento del Estado, ante el cese de actividades que permitan ingresos tributarios, calculado entre US$ 200 a US$ 250 millones.
En cuanto a la oferta de créditos para el sector productivo y comercial, se destinaron US$ 200 millones para facilitar el acceso a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como para el sector productivo.
Los créditos blandos por la pandemia fueron canalizados a través del Banco de Fomento y la Agencia Financiera de Desarrollo, para todo el sistema financiero, y para el sector productivo, por el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Fondo Ganadero.
Ejecución de los fondos en créditos y protección social
En créditos, con lo recibido, más fondos propios de las instituciones, se han llegado a más de 42.000 operaciones crediticias en el sistema financiero, de acuerdo a los últimos reportes del BNF y la AFD.
En protección social, trajo consigo el diseño inédito de los programas Ñangareko y Pytyvo. El primero terminó con la inyección de más de Gs. 130.000 millones (unos US$ 20 millones) para el beneficio de 303.407 familias en situación de vulnerabilidad. Las asistencias incluyeron además kits de alimentos para comunidades indígenas del Chaco y otros casos donde las transferencias no pudieron ser posibles.
Pytyvo, por su parte, se focalizó en los trabajadores independientes y cuentapropistas. En su primera fase realizó dos calendarios de pagos, en abril y mayo, llegando a cerca de 1.200.000 personas.
Con el inicio de la “Cuarentena Inteligente”, desde el 4 de mayo, se dio una gradual reactivación de actividades económicas luego de las primeras medidas de cuarentena total para evitar la rápida propagación del virus y no saturar los servicios de salud.
El Ministerio de Hacienda ajustó el programa Pytyvo y lo presentó con su segunda fase, focalizando en trabajadores de zonas fronterizas y otros sectores aún afectados por las restricciones.
Llegado el mes de diciembre el programa ha ejecutado US$ 300 millones en más de 3.000.000 de desembolsos en todo el país.
Los trabajadores formalizados ante el Instituto de Previsión Social (IPS) también fueron beneficiados con el pago de subsidio ante la suspensión de sus contratos laborales. El IPS llegó a ocho desembolsos para trabajadores suspendidos, cuya cifra llegó a los 150.000 trabajadores en los primeros momentos de la cuarentena y, con la reactivación progresiva, el número fue disminuyendo y los US$ 100 millones de la Ley de Emergencia son utilizados hasta la fecha.
Ejecución de los fondos en Salud
El área de mayor atención, tanto del Gobierno como de toda la ciudadanía, fue el fortalecimiento del sistema sanitario para dar respuesta ante el nuevo virus.
En los primeros meses de la pandemia, el Ministerio de Salud recurrió a reasignaciones presupuestarias, así como donaciones de otros países, organismos y la sociedad civil, para dar la primera respuesta a los requerimientos.
Es así que para el mes de agosto, la cartera sanitaria informó de la ejecución de US$ 37 millones de los US$ 514 adjudicados. Para inicios de diciembre, la cartera de Estado ya cuenta con la totalidad de los fondos comprometidos en licitaciones en curso.
Si bien se sucedieron críticas por la baja ejecución, esto permitió al Ministerio adquirir productos que, por la alta demanda en los primeros meses de pandemia, bajaron notablemente de precios.
En su balance por el final del año, el ministro Julio Mazzoleni dijo que la evidencia final indica que “se han hecho mayormente bien las cosas” y se han alcanzado las metas del sistema sanitario, como por ejemplo el aumento en un 100% de camas en unidades de terapia intensiva.
Supervisión de los fondos
Finalmente, la necesidad de información llevó al Gobierno a presentar un portal unificado de Rendición de Cuentas, que continúa vigente. La Dirección de Contrataciones Públicas, por su parte, habilitó un apartado especial para las compras covid-19 y la posibilidad de paquetes de compra de insumos básicos requeridos por las instituciones del Estado.
En cuanto a supervisión de los fondos, fue creada una Comisión de Control de las Compras Covid-19 que derivó en medidas como la cancelación para el mes de junio de todos los procesos de compra en licitación del Ministerio de Salud, al detectarse irregularidades en los procesos y las empresas proveedoras.
La labor de esta Comisión llevó al Ministerio de Salud a obtener mejores precios en el mercado internacional, así como a una mejor utilización de las herramientas disponibles, destacaron las autoridades del organismo.
