Asunción, Agencia IP.- La Unión Industrial Paraguaya (UIP) solicitó al Poder Ejecutivo la convocatoria a una cumbre de Poderes del Estado con el objetivo que se consensúen medidas para fortalecer los controles y lograr condenas más severas para los contrabandistas.
Empresarios, comerciantes y productores realizaron este lunes una caravana de vehículos por el microcentro capitalino solicitando controles más severos para evitar el ingreso de mercaderías de contrabando.
El jefe del Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, recibió en Palacio de Gobierno al presidente de la UIP, Gustavo Volpe, quien aclaró que la marcha de esta mañana no fue contra la gestión del Poder Ejecutivo, sino por la inacción de la fiscalía.
Volpe señaló que el presidente y su equipo están haciendo un gran esfuerzo y con resultados positivos, pero que son insuficientes. En ese sentido, habló del trabajo conjunto que están llevando adelante junto con la Aduana para mejorar el código aduanero. Asimismo abogó por castigos más severos para los contrabandistas.
“Nosotros estamos muy molestos con la acción de la fiscalía en donde hay más de 750 casos abiertos que no llegan a juicio. Entonces el problema fundamental en este tema se llama impunidad y que es por la inacción de la fiscalía”, afirmó.
Informó que solicitaron al Ejecutivo a través del ministro Villamayor una cumbre de poderes para analizar “profundamente” todo lo relacionado al contrabando y a la impunidad. “Queremos hablar con todos los actores de los tres poderes del Estado y también con los gremios afectados por este flagelo tan terrible como es el contrabando”, detalló.
A criterio de Volpe, la Unidad Interinstitucional Prevención y Combate al Contrabando (UIC), debe disponer de un presupuesto para fortalecer las acciones en todas las fronteras.
“Pediríamos que se eleve de categoría y tal vez tenga un nivel de Ministerio y sobre todo recursos necesarios para el combate eficaz a las mercaderías que ingresan de forma irregular por las fronteras”, añadió.
Respecto a la acción fiscal, destacó finalmente la necesidad de que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público terminen en una condena.
