Es de público conocimiento que el comercio de frontera viene atravesando graves crisis comerciales debido a la falta de aplicación de políticas del estado, la situación se agravo mucho mas al inicio de la pandemia.
Los empresarios de frontera aglomerados en la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este vienen trabajando desde hace años en un proyecto de ley denominado “Supervivencia Comercial de la Frontera” que busca regular el régimen de turismo comercial de exportación, entendiéndose éste como la reexportación de las mercaderías que ingresen al país para su posterior venta, al turismo, en ciudades fronterizas y cabeceras departamentales, que hayan sido transferidos desde recintos aduaneros o zonas francas, y sean realizados por empresas habilitadas a operar en este régimen y cuyo destino exclusivo sea la comercialización a personas no residentes en nuestro país.
Omar Airaldi, comerciante de Ciudad del Este manifestó que “Lo único que hacen es defender sus intereses, esto es como una emancipación de los gremios empresariales de la capital”.
Continúo aclarando que “La modalidad operativa será la reexportación de las mercaderías ingresadas a valor CIF. Pagarán como anticipo del Impuesto a la Renta Empresarial un 4%, y luego liquidarán anualmente el impuesto sobre el 100% de las utilidades registradas en el ejercicio económico correspondiente, descontando el anticipo pagado en la Aduana, al momento de ingresar a los depósitos aduaneros comerciales”, finalizo.
Ante este proyecto de ley que se viene estructurando desde hace varios años y que sin duda será la salvación para el comercio de frontera, existen grupos empresariales de la capital del país que se oponen y ante la desesperación por mantener ciertos “privilegios” argumentan falacias al respecto.
Una de las caras visibles que busca el retroceso en ciudades fronterizas es el empresario Gustavo Volpe, quien además es presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el mismo había manifestado que “La falta de una política industrial se traslada cada tanto a PROYECTOS PELIGROSOS como este, que atentan directamente contra los trabajadores que están empleados por el sector industrial”, expresó Volpe en su argumento. Sin embargo, se trata de un régimen justo, que asegura que cada persona o empresa pague los tributos que corresponden.
