Un proyecto de ley, a ser presentado en breve en el Congreso, establece la separación de los internos que guarden prisión preventiva y los que ya recibieron una condena. Estos últimos deberán ser enviados a los sitios más alejados de los centros urbanos y comunidades, donde producirán la mitad de sus alimentos.
El diputado Edgar Ortíz presentó un proyecto de ley que pretende modificar una normativa que data del año 1970, respecto al régimen penitenciario. “Es una ley necesaria por el hacinamiento donde conviven los condenados y los procesados, siendo que estos supuestamente son inocentes”, mencionó.
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El legislador señaló que plantea que los que estén ya condenados sean enviados a un lugar alejado de los conos urbanos y además produzcan el 50 % de sus alimentos (frutas y hortalizas), para que no sean una carga para el Estado. “No tenemos porqué pagar el 100 % a gente que mató y secuestró. Si no quieren (trabajar), que pasen hambre, porque (la cárcel) no es un hotel”, resaltó.
La idea es que los condenados estén apartados, porque “lo único que hacen es hacer sus llamadas de chantajes”, según esgrimió el proyectista. Ante esta situación, el congresista liberal propone enviarlos a lugares lejanos como la localidad chaqueña Lagerenza o la isla Peña Hermosa (ex prisión militar).
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POCOS CONDENADOS EN LAS CÁRCELES
Actualmente, de cada diez personas recluidas en penitenciarías del país, ocho están sin condena, según la Comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Soledad Villagra.
En el caso del penal nacional de Tacumbú, allí están 3.600 personas, de las cuales solo el 30 % posee condena, es decir, tres de cada 10 reos.
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