Lejos de renovar la Justicia y tratar de limpiar la imagen del Poder Judicial, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en la sesión plenaria del martes 18 de setiembre, resolvieron confirmar a los cuestionados jueces de Sentencia de Salto del Guairá, Benito González y Ramón Trinidad Zelaya. Los citados magistrados ya fueron convocados para mañana lunes para prestar juramento en sus funciones.
El magistrado Benito Ramón González fue quien otorgó la libertad ambulatoria a Bruno da Costa Amaral, imputado por lavado de dinero y asociación criminal, en la investigación por la incautación de los billetes venezolanos, registrada en Salto del Guairá. En este caso, según fuentes incluso cercanas al magistrado, existió un fuerte incentivo económico para otorgar la libertad al citado procesado.
A raíz de la sospechosa resolución de González, el Consejo de Superintendencia de la Corte ordenó a la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial realizar una auditoría a la actuación del juez que otorgó la libertad ambulatoria a uno de los imputados. Una vez que culmine la auditoría se deberá analizar si es que se remiten los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Se trata del magistrado de Salto del Guairá Benito González, quien dictaminó a favor de Bruno da Costa Amaral, procesado por el Ministerio Público por lavado de dinero y asociación criminal. En su poder tenía un cargamento de más de 30.000 kilos de billetes.
En el caso del juez Ramón Trinidad Zelaya, el mismo en su momento integró el Tribunal de Sentencia que absolvió a dos procesados por el hallazgo de 571 kilos de marihuana. El cargamento de droga fue encontrado en la vivienda de Benigno Rodríguez, quien pertenecería al clan de Vilmar Acosta Marques, según los investigadores.
Los ministros de la Corte no tuvieron en cuenta los antecedentes mencionados de los dos jueces al momento de analizar su confirmación en sus cargos. LN
